QUINTO: ESTATUTOS DEL PARTIDO REENCUENTRO DEL PUEBLO.

TÍTULO PRIMERO. DE LOS PRINCIPIOS DEL PARTIDO.  

ARTÍCULO PRIMERO: Constituidos en un bloque político popular e histórico para la transformación social y por los cambios, pluralista, integrador, no excluyente e intercultural. Sustentados en principios y ética que el humanismo socialista aporta a la lucha de los pueblos de Chile por su libertad, solemnemente declaramos, a) Nuestro objetivo político y ciudadano es conseguir la dignidad del trabajo, del pan, de la vivienda, con derechos plenos en justicia social y solidaridad, como expresión real del bienestar y la felicidad de familias y comunidades. b) En resguardo, garantía y protección de derechos universales en Educación, Cultura, Salud, Trabajo, Protección social y el Conocimiento. En defensa de los Derechos Humanos, los Derechos Económicos y Sociales, y los Derechos Culturales contenidos en nuestra legislación y en los Tratados Internacionales suscritos. c) Nuestra voluntad y compromiso de constituirnos en una fuerza política y social que de manera pacífica a través de mayorías sociales, culturales y electorales recupere y fortalezca la SOBERANÍA POPULAR, ─también derechos y patrimonios arrebatados─ a través de un proceso constituyente originario y de formas plurales de gobiernos democráticos, participativos y populares. d) Nuestro compromiso de generar trabajo digno con protección a la familia, a los trabajadores y a las comunidades. Recuperar derechos en educación, salud pública, vivienda digna y un sistema previsional de cuyos frutos se beneficie directamente el pueblo. 

e) Asegurar un desarrollo sustentable, la protección de nuestros recursos naturales y asegurar a las futuras generaciones una patria soberana. Nuestra convicción es que los problemas del pueblo se resuelven desde el pueblo. Sustentados en la más amplia y plural unidad en la diversidad. Parece no haber otra verdad. Esa es nuestra convicción y nuestro compromiso democrático y soberano con Chile y sus pueblos. 

PRIMERO. La recuperación de la SOBERANÍA POPULAR se funda e instituye como el principio que sustenta nuestra acción política, social y cultural de manera colectiva y permanente. La Soberanía Popular se encarna como patrimonio insustituible de un pueblo del cual fluye el poder desde abajo hacia arriba: es decir, que nace desde la diversidad y la pluralidad de intereses y aspiraciones compartidas, pero que representa el anhelo de una vida mejor para los pueblos de Chile. La Soberanía Popular es un principio histórico originario y fundamental; significa el rescate de un legado cultural e histórico ancestral y la recuperación de patrimonios, memoria y territorios, inspirados en el ejemplo y sacrificio de los que han sostenido la bandera de la libertad y la independencia de la patria, de la solidaridad y la justicia social antes que nosotros. La Soberanía Popular es el marco para que el pueblo de Chile, en el abanico de sus expresiones soberanas plurales y democráticas, en respeto a su diversidad y alteridad, participe de manera protagónica en la producción contemporánea de riqueza soberana compartida, cultura, formación, sociedad, economía, tecnología, arte y conocimientos. A todas y todos pertenece el fruto compartido de nuestro empeño, a las generaciones del presente y a las generaciones futuras. 

SEGUNDO. Recuperar la Soberanía Popular, que no es otra cosa que recuperar y ejercer los derechos del pueblo al autogobierno. Sacando de la historia a las Oligarquías y a su Corrupción. Sobre todo, su corrupción. Un autogobierno basado en una Constitución de la República, sustentado en el poder originario constituyente, generado desde el pueblo. Capaz de dotarnos de un Estado Democrático Social de Derechos Plenos. De un sistema político y de gobierno que corresponda con los valores legítimos de una auténtica democracia social participativa y protagónica. Generada a partir de la expresión constituyente representativa, descentralizada y plenamente soberana. Que termine con el modelo neoliberal que sostiene y reproduce una sociedad injusta y ambientalmente depredadora. Una Constitución que establezca las condiciones del Estado social y solidario, con poder revocatorio para todas las autoridades y con la plena capacidad de perseguir y terminar con toda forma de corrupción y deterioro moral. Es una obligación moral para enaltecer la Dignidad de todas y todos. Ni más ni menos. Es la urgencia de un presente que exige terminar con los abusos crónicos, las expoliaciones y la corrupción política y financiera, la depredación de los recursos naturales, y la pérdida de la soberanía nacional sobre nuestro patrimonio natural y financiero. 

TERCERO. Nuestra convicción es que sólo el pueblo puede asegurar por sí y para sí el goce de la plenitud de derechos y el logro del bienestar personal, material y social encaminado a la felicidad familiar y la solidaridad comunitaria. Sólo el pueblo puede garantizar y proveer trabajo digno, formación para el trabajo, acceso a la tecnología, la independencia en el conocimiento; la protección social adecuada y necesaria a todas las edades de la vida. Eso sucede el pueblo se gobierna a sí mismo para su propio bienestar. Sólo el pueblo puede dotarse a sí mismo de formación, salud y vivienda a lo largo de toda la vida, sin exclusión ni discriminación alguna de condición social y económica, género y pertenencia étnica o territorial o pecuniaria. 

CUARTO. Sólo el pueblo puede garantizar y defender derechos y acceso a la tenencia, usufructo y distribución justa, equilibrada y equitativa de la totalidad de recursos naturales, incluido el lugar donde se nace y el lugar donde se muere. Nos declaramos opuestos a la condición y naturaleza del capitalismo salvaje, el neoliberalismo, y a toda forma de privatización, apropiación y depredación de nuestros recursos naturales o que signifique lesión o pérdida de la soberanía nacional del patrimonio histórico. Sólo el pueblo en comunidad será capaz de asegurar el respeto, la sustentabilidad y protección de los bienes que la naturaleza deja a nuestra disposición y cuidado. Solo el pueblo puede asegurar la herencia de todos los bienes que proporciona la patria a las nuevas generaciones: sean estos los bienes de la tierra, los bienes de todas las aguas, los bienes del aire, los bienes de la vida, los bienes del patrimonio material e inmaterial y los bienes provenientes de los saberes y conocimientos creados, y por crear. 

QUINTO. El reciente grito de libertad y la sed de justicia han puesto de nuevo a nuestros pueblos en la Historia. Ello nos pone como sujetos históricos activos del fin de la transición desde una dictadura cívico-militar relicta hacia una democracia plena, generada en poder constituyente originario fundado en el ejercicio pleno de la soberanía popular. Tenemos la convicción que asistimos al fin de una larga transición dominada por herencias, amarres y privilegios auto atribuidos por clases y grupos dominantes a los cuales no quieren renunciar. Por ello nuestro camino se hace más empinado. Los dueños del dinero resisten el cambio. El pueblo, a través de las formas democráticas auténticas y mayoritarias abrirá el camino para la recuperación de derechos y patrimonios, pero por sobre todo, asegurarnos de un nuevo futuro que garantice que no serán las nuevas impunidades constitucionales, o nuevas complicidades antidemocráticas al amparo de una corrupción desatada las que gobiernen. El pueblo reclama para sí gobernarse a sí mismo. 

SEXTO. Ahora el pueblo ha dicho basta. Con sus movilizaciones y sus votos exige, imperativamente, el cambio constitucional que antecede a los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que amparan todo lo demás. Pero la oligarquía, que representa al hibrido militar empresarial, no aceptan el cambio señalado por el pueblo. Toda contradicción fundamental buscaremos resolverla por la vía de la política, las formas pacíficas y democráticas de convivencia política social y cultural y desde las mayorías sociales y electorales. No hemos sido, no somos ni seremos parte de quienes buscan prolongar, a través de un gatopardismo constitucional, por acción u omisión, un estado generalizado de corrupción pública y privada y la prolongación innecesaria de abusos generalizados en la vida pública, en el trabajo, en el comercio y en todo nicho que les sea de lucro. 

SÉPTIMO. Sostenemos y defendemos el mandato imperativo y explícito de la Soberanía Popular expresado en el plebiscito del veinticinco de octubre del dos mil  veinte, para defender y mantener el principio constitucional de mil novecientos setenta y uno que declara que el pueblo de Chile, a través del Estado, tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales y yacimientos de Cobre, Litio y el Oro, entre otros; la misma forma de dominio sobre los recursos del Mar y todos los recursos vivos y no vivos de la Zona Económica adyacente. En virtud del derecho de propiedad de todas las minas por parte del Estado se debe nacionalizar todas las Empresas de la Gran Minería del Cobre, del Litio y del Oro. Las indemnizaciones por la nacionalización de estas empresas solo considerarán las instalaciones existentes porque los yacimientos son inalienables del Estado de Chile desde mil novecientos setenta y uno hasta hoy, situación preexistente a toda inversión extranjera en la minería. En relación con las aguas territoriales, ─como lo señala la Reforma Constitucional de mil novecientos sesenta y siete─, se reserva el dominio nacional de uso público de todas las aguas existentes en el territorio nacional y, en consecuencia, las que se han privatizado para ellos mismos se expropiarán para incorporarlas al dominio público y el usufructo de las personas y comunidades. Estas serán indemnizadas cuando se compruebe que no existió dolo en su asignación ni daño en contra del patrimonio acuífero chileno, en un plazo de treinta años; los mismos principios se aplicarán sobre los recursos forestales, madereros y de bosque nativo. Por principio constitucional el eventual uso del agua por particulares será regulado y necesitará confirmar la sustentabilidad de los entornos y el consentimiento de las Comunidades. Cuando corresponda, quienes accedan a esa calidad de Concesionarios, pagarán al Estado derechos y tributos que corresponda en beneficio general y de las comunidades adyacentes. Lo mismo para los otros recursos naturales y minerales. 

OCTAVO. En consecuencia, nos proponemos, por imperativo de la historia, expresar, organizar y movilizar los valores democráticos de la justicia social y los de la solidaridad como bien social. Valores sustentados en mayorías político-sociales y electorales, las únicas que harán posible la transformación Democrática, Popular y Soberana, en torno a las necesidades, intereses, aspiraciones y sueños de nuestro pueblo, como fin de la consagración de la legitimidad del poder popular y donde la persona y los valores del humanismo será siempre el centro de nuestra atención y compromiso. Nuestro compromiso con el fortalecimiento de la democracia y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos asegurados en la Constitución, en los Tratados Internacionales ratificados y vigentes en Chile, y en las leyes.